Fue anoche en Muñiz. El operativo dio positivo y los padres podrían pagar cerca de 50 mil pesos de multa. Además, el chico deberá cumplir asistencia a talleres y mediaciones.
En el marco de las investigaciones por las reiteradas amenazas de bomba en distintos colegios de San Miguel, anoche se llevó a cabo un nuevo allanamiento que resultó positivo, con la incautación de 3 teléfonos desde los cuales se habrían realizado llamadas a la Escuela Secundaria N°20.
La diligencia estuvo a cargo de la Policía Bonaerense, seccional 2da de Bella Vista, fue ordenada por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, y contó con la colaboración de personal de la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel.
La causa quedó caratulada como intimidación publica, y por tratarse de un menor de edad los padres son civilmente responsables. Ahora el Estado evalúa reclamarle una compensación que puede ascender hasta los 50 mil pesos, que es el costo estimado del operativo. Teniendo en cuenta el protocolo de evacuación, el desplazamiento del escuadrón de explosivos, las tareas de personal de tránsito y defensa civil, entre otros.
La Justicia aplicaría además medidas restaurativas para con el menor, que implica la asistencia a talleres, fases de mediación entre las partes, tareas de distinta índole del menor para resarcir el daño, y la toma de conciencia de su conducta. Este proceso puede llevar meses, hasta tanto las autoridades consideren reparado el daño y el perjuicio al Estado.
“Las amenazas de bomba nos preocupan primero porque se trata de un delito, pero fundamentalmente porque con cada amenaza tenemos entre quinientos y mil chicos en la calle, lo que implica un riesgo grande –declaró el Secretario de Educación de San Miguel, Andrés Lagalaye-. Además, con esto se daña el proceso pedagógico, que después es difícil de subsanar”.
“Sabemos que es un tema común a la Provincia y por eso en nuestro caso estamos trabajando en medidas que van a servir para paliar esta situación. Se está trabajando fuertemente con las fiscalías, para el rastreo de los teléfonos y así lograr allanamientos y posteriores medidas correctivas. Y por otro lado estamos solicitando la creación de una brigada de antiexplosivos en San Miguel para llegar rápido y que las evacuaciones duren lo menos posible”, completó Lagalaye.
En el marco de estas y otras investigaciones en la zona, se esperan nuevos allanamientos en los próximos días.
