La Justicia Contencioso Administrativa anuló la Ordenanza N° 8745/2013, impulsada por el Intendente Gustavo Posse, que permitía la venta de 4,3 hectáreas del Hipódromo de San Isidro para la construcción de un complejo comercial y de viviendas, “por no haber dado cumplimiento con la normativa vigente al momento de su dictado” para preservar el medioambiental. El Juez José Abelardo Servín, hizo lugar a una medida de amparo presentada por la concejal del Frente Renovador Marcela Durrieu.
«De a poco la Justicia va tomando conciencia del cuidado medio ambiental. Más de diez mil firmas en papel, más las que se juntaron por Internet de los vecinos, fueron parte importante para que el Juez decidiera preservar el lugar. Cuando realmente los vecinos participan, se logran estas cosas», destacó la edil.
Por su parte, el senador Sebastián Galmarini, expresó que «estamos felices por el fallo de la Justicia. Logramos frenar la mayor agresión a la historia de nuestro municipio contra el patrimonio de los vecinos, la defensa ambiental, la defensa de nuestra identidad. ¿Quién no vino al Hipódromo de San Isidro a caminar, a disfrutar, a hacer ejercicios? La verdad es que construir torres gigantescas en este predio, también hubiera complicado aún más el problema del tránsito, iba a provocar una explosión demográfica y a afectar la provisión de servicios básicos, como luz y agua».
«También hay que tener un reconocimiento a la Justicia, al Juez Servín que ha tenido la altura, la grandeza de un fallo histórico que sin dudas representa lo que miles y miles de vecinos han acompañado con sus firmas. Estamos felices y orgullosos», señaló Galmarini.
La Ordenanza que anuló la Justicia, fue sancionada cerca de la medianoche del 6 de diciembre de 2013 por el Concejo Deliberante y permitía la venta de 4,3 hectáreas de espacios verdes para avanzar en la construcción de edificios de viviendas y oficinas. El principal promotor de la medida fue el intendente de San Isidro Gustavo Posse, a través de sus concejales.
Gonzalo Beccar Varela, compañero de bancada de la concejal Durrieu, destacó la importancia que tiene este hecho para los vecinos de San Isidro: «Creo que esto le viene muy bien a los vecinos y sobretodo a los muchos socios del Jockey Club que en su momento no estaban de acuerdo con que se hiciera ese tipo de construcción. Estamos muy felices y espero que podamos seguir brindando a los vecinos de San Isidro, espacios verdes para que todos los jóvenes, los niños y demás, puedan disfrutar esta belleza».
Luis Sprovieri, abogado de Durrieu y quien llevó adelante el proceso judicial, comentó: «Hoy el vecino de San Isidro recuperó la institucionalidad. De alguna manera nos pone el límite de lo que viene siendo el atropello a los intereses de la gente y a los intereses de los vecinos. El Estado no hace lo que quiere, hace lo que debe dentro de la ley. Ese es el camino que se retoma con el fallo judicial».
Galmarini especificó que el fallo afirma que «no se cumplió con lo que la Ley prescribe para la protección del medio ambiente, no se generaron los mecanismos para convocar a los vecinos para que participen en un proyecto de esta envergadura. Tampoco se cumplió con la realización de todos los estudios de impacto previo que necesita una obra de esta naturaleza».
Y concluyó: «Este hecho representa lo que muchos de los vecinos de San Isidro queremos de San Isidro: que preserve su historia, sus lugares, sus barrios y este es un lugar que, sin dudas, es un ícono de todos nosotros».
