El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en un decreto para eliminar o fusionar más de 50 organismos públicos, con el objetivo de reducir el gasto y simplificar la administración estatal antes del 8 de julio, fecha en que vencerán las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, se encuentra ultimando los detalles de un decreto que busca eliminar o fusionar más de 50 organismos públicos. Esta medida forma parte de la política de ajuste fiscal impulsada por el presidente Javier Milei, con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia administrativa.
El decreto se enmarca en el uso de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, que permiten al Ejecutivo modificar o eliminar competencias y funciones sin pasar por el Congreso. Estas facultades vencerán el 8 de julio, por lo que el Gobierno busca implementar las reformas antes de esa fecha.
Entre los organismos que podrían verse afectados se encuentran el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE). Además, se analiza la fusión de entidades como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST)
Sturzenegger ha señalado que el objetivo de estas medidas es reducir duplicaciones, eliminar gastos innecesarios y poner fin a estructuras obsoletas. En su cuenta de X (ex Twitter), el ministro afirmó que se trata de una «reforma profunda» para «terminar con décadas de despilfarro y descontrol».
El Gobierno también evalúa la posibilidad de ceder algunos organismos a las provincias que lo soliciten, en un intento por descentralizar funciones y reducir la carga sobre el Estado nacional.
Estas acciones se inscriben en un contexto de ajuste fiscal y buscan fortalecer la gestión pública, aunque también han generado críticas por parte de sectores que consideran que podrían afectar el acceso a derechos y servicios esenciales.
