El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, decidió posponer hasta el 10 de noviembre la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida fue oficializada mediante el decreto 530/2025, firmado por el ministro Mariano Cúneo Libarona, y publicado en el Boletín Oficial.
La postergación surge para evitar un “conflicto institucional”. Si bien el Gobierno considera que están dadas las condiciones para la “implementación inmediata”, el texto explica que la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, informó que “no se encuentran reunidos” los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio.
El decreto califica el aplazamiento como “por única vez” y con carácter “excepcional e improrrogable”, con el fin de otorgar un plazo que se considera “razonable y suficiente” para intensificar las actividades preparatorias y concluir las gestiones necesarias con todos los actores del sistema de justicia.
El Ministerio de Justicia ratificó su “voluntad de coordinar todos los esfuerzos” para concluir la reforma procesal penal federal en todo el país sin más dilaciones, destacando que el éxito de este compromiso requiere una gestión eficiente, coordinada y eficaz de los recursos y procedimientos de todos los órganos involucrados.
El nuevo Código Procesal Penal Federal, presentado por Cúneo Libarona en marzo del año pasado, busca una “justicia eficiente y rápida”. El ministro explicó que este sistema acusatorio centraliza la investigación en la figura del fiscal, quien se encarga de determinar cómo proceder en cada causa, ya sea planteando un juicio abreviado, una probation o una reparación. Cúneo Libarona ha destacado que esta reforma agiliza los tiempos judiciales, evitando la “prolongación indebida de los procesos” que perjudica a las víctimas, los imputados y la sociedad en general.
