El máximo tribunal revocó fallos anteriores y habilitó que se realice el juicio oral contra dirigentes del Sindicato de Camioneros por un bloqueo en Química Oeste ocurrido en 2021. La causa había sido cerrada por la justicia bonaerense.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó el avance de una causa penal contra dirigentes del Sindicato de Camioneros, vinculados al clan Moyano, por un bloqueo realizado en 2021 a la empresa Química Oeste. El máximo tribunal dejó sin efecto los fallos que habían sobreseído a los acusados y ordenó que el expediente sea elevado a juicio oral.
El conflicto se remonta a mayo de 2021, cuando representantes del gremio de Camioneros, Delegación Monte Grande, impidieron el ingreso y egreso de empleados y camiones en la planta de Química Oeste, ubicada en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Según consta en la denuncia, los sindicalistas colocaron vehículos y banderas para bloquear el acceso a las instalaciones, y advirtieron que «de acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar».
La medida de fuerza se extendió por una semana y provocó pérdidas económicas tanto para la empresa química como para sus clientes, entre ellos compañías del sector petrolero. La firma denunció penalmente a los dirigentes por los delitos de extorsión, turbación de la posesión y coacción, pero la justicia provincial había archivado la causa al considerar que no se configuraban delitos penales.
No obstante, la empresa insistió en la vía judicial y presentó un recurso extraordinario. Finalmente, la Corte Suprema, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar al planteo y cuestionó el «injustificado rigor formal» con el que la Suprema Corte bonaerense había rechazado tratar el caso.
Los jueces del máximo tribunal sostuvieron que la justicia provincial omitió analizar los hechos en profundidad y desestimó el reclamo sin entrar en el fondo del asunto, a pesar de que estaban en juego derechos constitucionales como la libertad de trabajo, la libertad de circulación y el derecho de propiedad.
Con esta resolución, el expediente vuelve al juzgado de origen para que se dé curso al juicio oral contra los dirigentes sindicales implicados, en una decisión que podría sentar precedente sobre los límites de la protesta gremial y el uso de bloqueos como herramienta sindical.
