La Casa Rosada reforzó su postura en el diálogo con los gobernadores: el “déficit cero no se negocia”, y las cinco demandas provinciales (cajas previsionales, coparticipación de combustibles, fondos de transporte, pacto fiscal, ATN) son «inaceptables» sin acuerdos previos.
Los mandatarios provinciales, incluyendo líderes de Juntos por el Cambio y partidos provinciales, solicitaron diálogo formal —vía una “mesa de negociación”— y propusieron sesionar en extraordinarias para debatir el Presupuesto. A cambio, ofrecieron apoyo político a proyectos clave como la ley ómnibus y la ley Bases. Sin embargo, la Rosada condicionó la convocatoria: si no se acepta el texto original del Ejecutivo, no habrá extensión del debate parlamentario.
El Gobierno reconoce que varias demandas podrían abordarse “sin aumentar el déficit” y evalúa posibles trasladados, pero recalcan que disponer de más recursos requiere recortes en otros rubros . El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lideran las negociaciones, en paralelo a auditorías sobre el financiamiento de las cajas previsionales.
Desde el oficialismo, se argumenta que la suma total de los pedidos provinciales (aproximadamente US$ 3.700 M) no es realista dadas las restricciones presupuestarias. En caso de no cerrarse un acuerdo, el Gobierno anticipa que aplicará el Presupuesto 2023 como base, manteniendo su flexibilidad financiera.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la aprobación del Presupuesto 2025 será avalada solo si los gobernadores respaldan el texto enviado por Milei, que incluye un balance fiscal estricto y ajustes planteados por La Libertad Avanza
