Legisladores del PRO presentaron un proyecto que prohíbe los indultos a condenados por corrupción, modificando la legislación actual para ampliar las sanciones penales. La iniciativa propone que quienes cometan delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos o enriquecimiento ilícito no puedan recibir indultos ni conmutaciones de pena.
La propuesta, impulsada por figuras del PRO como Silvia Lospennato, busca además eliminar beneficios como salidas transitorias, libertad condicional o reducciones de pena por estímulos educativos para estos delitos. Según sus promotores, “no puede haber atajos para evadir el cumplimiento de penas por corrupción”.
El respaldo legislativo es amplio: Buenos Aires ya avanzó con ordenanzas locales y en Córdoba se aprobó un dictamen para que condenados no puedan ocupar cargos públicos, incluso a nivel provincial. En la Cámara baja nacional, el PRO junto a la UCR, Coalición Cívica y otros bloques buscan que el proyecto incluya a funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
La medida apunta también a reforzar el artículo 36 de la Constitución, que ya excluye a los corruptos de beneficios como los indultos, y así garantizar que “quienes roben al Estado no puedan eludir justicia”.
Si se convierte en ley, la propuesta cerrará las puertas a mecanismos judiciales que hasta ahora permitían reducir o eliminar penas por delitos graves contra la administración pública.
