El Gobierno busca apoyo para levantar los controles cambiarios pero aparecen las primeras diferencias junto con la necesidad de ofrecer garantías del equilibrio fiscal ante la presión política sobre las cuentas públicas.
La publicación ayer del staff report del Fondo Monetario, en el que el organismo consideró el programa aplicado como “firmemente encaminado” fue, en la práctica, el cierre de una etapa y de un acuerdo en el que, por primera vez desde que se firmó hace más de dos años, las metas se cumplieron al pie de la letra. No está claro que eso pudiera repetirse en septiembre, cuando deberían aprobarse las metas del segundo trimestre de este año.
Para esa fecha, se asume, la Argentina contará con un nuevo acuerdo con el Fondo, en el que la eliminación del “esquema preferencial de tipo de cambio para los exportadores” según la definición del FMI del régimen 80/20 para la liquidación de divisas, será una anécdota. En ese acuerdo, el objetivo central será el levantamiento del cepo o, también, la unificación del dólar.
El FMI, mira con sorpresa los resultados de las encuestas que siguen dando buenos números de aprobación e imagen para el Presidente a pesar del fortísimo ajuste fiscal. Sin embargo, en el mismo Congreso en donde se aprobó finalmente la Ley Bases, avanzan a paso firme iniciativas que pueden torcer el rumbo a la baja del gasto público.
El Fondo, igual que los inversores, fueron los primeros en tomar nota. El tema se monta sobre uno más urgente: la exigencia del organismo de que el Gobierno logre recuperar el capítulo para reinsertar Ganancias a la cuarta categoría, único camino posible -o el más razonable- para encaminar la reducción del impuesto PAIS y mostrar que la salida del cepo es una realidad más bien lejana, pero posible.
