El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso insistiera sobre el veto presidencial, pero aclaró que no se implementará de inmediato. La ejecución de sus disposiciones dependerá de que se definan con claridad las fuentes de financiamiento necesarias.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que aunque la ley ya forma parte del marco legal vigente, su puesta en marcha está limitada hasta que no se aseguren los fondos requeridos. Señaló que se están realizando estudios técnicos y presupuestarios para determinar el costo real de las prestaciones y beneficios que prevé la norma.
La ley contempla mejoras en prestaciones sociales, salud, atención personalizada, accesibilidad y otros derechos fundamentales para personas con discapacidad. La normativa había recibido un amplio respaldo parlamentario al superar los dos tercios en ambas cámaras, anulando el veto del Ejecutivo.
La demora en la aplicación genera críticas de organizaciones del sector, que advierten sobre la urgencia de avanzar para evitar que las personas con discapacidad sigan con obstáculos en acceso a servicios básicos.
El Ejecutivo aseguró que emitirá reglamentaciones específicas una vez que estén garantizados los recursos, y que cada ministerio involucrado colaborará para precisar los montos, plazos y los mecanismos operativos necesarios para hacer operativa la ley.
