El Gobierno confirmó hoy que promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero aclaró que no la reglamentará ni aplicará hasta que no se establezca de dónde saldrán los recursos para concretar sus medidas.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue quien anunció la decisión, señalando que la norma fue sancionada con un amplio respaldo parlamentario —superó los dos tercios exigidos en ambas cámaras para anular el veto—, pero que ahora corresponde definir su financiamiento antes de su puesta en marcha.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cantidad de beneficiarios podría aumentar entre 493.000 y 946.000 personas, lo que implicaría un gasto fiscal de entre 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, lo que representa entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI.
La ley contempla financiación de pensiones no contributivas por discapacidad, mejoras en salud, educación, empleo, protección social y prestaciones para prestadores del área. También incluye una compensación de emergencia a prestadores y asignaciones para talleres de producción.
Francos sostuvo en diálogo con la prensa que “el Poder Ejecutivo la va a promulgar, pero primero hay que definir si las partidas están bien asignadas”, y advirtió que no puede cifrar la implementación sin haber acordado con el Congreso las fuentes de los recursos
