La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que tiene en vilo a los principales grupos piqueteros se activó esta semana con una serie de allanamientos, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py.
La causa que tramita en el juzgado de Lijo -uno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema- incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.
El expediente incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA). La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros.
Las denuncias además apuntan a supuestos delitos provocados con motivo de las marchas del 8 de marzo, por el Día de la Mujer, y la movilización del 24 de marzo. “Entre otros cosas se investigan amenazas a los beneficiarios de los planes por no ir a las marchas”, puntualizó uno de los investigadores.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich reveló ayer, que hubo 150 mil denuncias porque “la gente perdió el miedo”. De ese caudal, se judicializaron unas 10 mil denuncias. “La gente está perdiendo el miedo porque se da cuenta que está siendo doblemente victimizada. No damos nunca los datos de las personas que denuncian ni los de las personas involucradas hasta tanto no los dio la Justicia”, remarcó Bullrich.
