Se calcula que el 10% de la población bonaerense participa en más de 9.000 instituciones de bien público que podrían cerrar sus puertas
A partir del pedido que el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, realizó el pasado viernes 13 de abril ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, para que la Tarifa Social Federal sea aplicada a todas las entidades de bien público, y que se deje sin efecto las boletas emitidas con los últimos aumentos; el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino Matta, hizo lugar a la presentación y le solicitó al intendente que le envíe un listado con las instituciones afectadas por el llamado “tarifazo”.
El Municipio entregó a la Defensoría el informe con la rapidez que impone la gravedad del tema. Es que se calcula que el 10% de los bonaerenses, alrededor de 1.700.000, en su mayoría chicos y adolescentes, asisten a las más de 9.000 entidades de bien público que actúan en los 135 distritos bonaerenses.
Estas instituciones cumplen desde hace décadas una función social, pero en los últimos años se han convertido en la principal línea de contención para alejar a los sectores más vulnerables; como son los niños y jóvenes de la droga y el delito.
También es destacable mencionar la vocación de los centros de jubilados, que cumplen un invalorable compromiso con las abuelas y abuelos que acuden a estos lugares de compañía y esparcimiento.
La preocupación de Ishii no se limita a su distrito, su inquietud es por todas las instituciones que actúan en los 135 distritos -en la que viven 17 millones de bonaerenses- que no cuentan con el dinero necesario para pagar los fuertes aumentos. De esta manera, con su política tarifaria, el propio estado pone en riesgo a más un millón de niños, adolescentes y jóvenes que se quedarán sin la contención social que vienen brindando estas entidades de bien público.
“Son miles las instituciones civiles en donde se practica deporte, actividades culturales como: danza, música, teatro y se dictan cursos de capacitación en idiomas y manualidades entre otras actividades. Por lo tanto, son la punta de lanza de una estrategia que mantiene a salvo a nuestros chicos al alejarlos de las calles. Asfixiarlas económicamente con los tarifazos es no tener idea de la importancia que tienen. ¿A dónde van a ir los pibes que hacen actividades, algún deporte o se recrean en los clubes e instituciones barriales cuando salgan del colegio este invierno? Los chicos terminarán juntándose en la calle, con todo el riesgo que esto implica, porque la calle es peligrosa”, advierte Ishii.
La Tarifa Social Federal contempla el pago del 50% del valor de la electricidad y del 25% del precio del gas, lo cual sería de mucha ayuda a este tipo de entidades que tienen una importante función social y que atraviesan por una difícil situación económica.
