El Gobierno de Javier Milei anuló un decreto de 2020 con el que Alberto Fernández buscó controlar los precios de los principales servicios de la industria de las telecomunicaciones local, un sector estratégico con rubros como televisión por cable, telefonía (fija y móvil) e Internet.
Esa norma –el decreto 690– los declaró como servicios públicos en competencia, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como controlante de todas las subas que se iba a dar en adelante.
El decreto 302, publicado este miércoles en el Boletín Oficial da marcha atrás con toda esa cuestión y parte de la Ley Argentina Digital de la presidencia de Cristina Kirchner, por tanto no es descabellado pensar en que se vienen nuevos aumentos. Lo que sucede es que los precios ya no están tan atrasados como se piensa: según la consultora EcoGo, los precios de la telefonía celular están 2 puntos debajo de la inflación solamente.
“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, dice el nuevo DNU
