En las últimas horas, la Justicia de instrucción porteña comenzó una investigación tras el enigmático fallecimiento de una bebé de 6 meses en el hospital Penna: se creía que tenía coronavirus, lo que fue indicado por hisopados post-mortem a su cuerpo. Sin embargo, se cree que su propio hermano la asfixió, según indicaron fuentes policiales.
El juez Santiago Quian Zavalía, que llevó adelante la acusación contra Jonathan Fabbro, tiene a su cargo el expediente, hasta ahora con la calificación de averiguación de causales de muerte.
Fue recibida tras informes del personal de salud del centro médico, luego de que efectivos de la comisaría 4B fuesen convocados a la casa de la familia de la bebé en Parque Patricios, cuando sus padres notaron que presentaba bajos signos vitales.
Así, fue trasladada de urgencia al Penna, los padres llegaron con la bebé en brazos, acompañados por policías. Los intentos de revivirla fueron infructuosos y finalmente falleció.
Se creyó en un primer momento que podía ser una cuestión respiratoria lo que causó su muerte. Así, se le practicó un hisopado al cuerpo para detectar coronavirus. El resultado fue positivo.
Sin embargo, una hipótesis que maneja la Justicia indica que el virus podría no haber sido la causa de su fallecimiento, sino la asfixia provocada por su hermano mayor, supuestamente con un almohadón. Según fuentes policiales, el propio niño se lo habría dicho a su mamá.
La casa de la familia, por lo pronto, fue allanada por la fuerza porteña esta mañana para buscar elementos vinculados al posible asesinato de la bebé.
La asfixia, por otra parte, podrá ser determinada por una autopsia al cuerpo de la bebé. Sin embargo, el diagnóstico dificulta el procedimiento. A mediados del mes pasado, Morgue Judicial, un organismo bajo la órbita de la Corte Suprema de la Nación, le pidió al procurador general interino, Eduardo Casal, que “dada la emergencia sanitaria actual” y la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos de no practicar autopsias a cadáveres de personas muertas por COVID-19 por “el riesgo sanitario que su manipulación e intervención implica”, que no le envíe cadáveres de fallecidos por causas vinculadas con el coronavirus, o con probabilidad de haber sido contagiados, aunque no esté aún la confirmación del test.
