2017 fue uno de los años con más femicidios, llegando a 295 asesinatos. La cifra iguala el récord de los últimos diez años, alcanzado en 2013.
Pasaron diez años desde que La Casa del Encuentro comenzó a hacer las primeras y únicas estadísticas de femicidios en el país. El último informe de esa asociación civil muestra no sólo que los femicidios no han bajado, sino que la violencia contra las mujeres creció. En esta década han sido asesinadas 2.679 mujeres, un promedio de un femicidio cada 30 horas. Pero en 2008 hubo 208 mujeres asesinadas y en 2017 hubo 295, cifra máxima de las registradas por año y que solo se había alcanzado en 2013.
Y la saña es mayor: aumentaron los casos de mujeres apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, asfixiadas, ahorcadas.
Los datos se repiten año a año, con patrones inamovibles: los asesinos son en su mayoría (62 %) parejas y ex parejas de las víctimas. Y los femicidios ocurren en las casas donde viven las mujeres (51 %).
En las estadísticas surge otro dato: a medida que la violencia de género se fue visibilizando, las denuncias de las mujeres fueron aumentando, pero luego bajaron. En 2008, de las mujeres asesinadas, diez tenían denuncias previas, cuando en 2014 fueron 39 las que habían denunciado y en 2017 sólo 26. Por otra parte, del total de asesinadas en 2008, sólo cuatro tenían una medida cautelar de la Justicia de exclusión o prohibición de acercamiento, contra las 21 en la misma situación de 2017. Estos dos indicadores hablan de la falla en la respuesta de la Justicia en las medidas de protección y de la credibilidad que genera el sistema en las mujeres.
Otro dato a tener en cuenta por el Estado: 154 femicidios fueron cometidos por hombres de fuerzas de seguridad, que poseen armas reglamentarias.
Y se duplicaron los femicidios con abuso sexual previo: en 2008 fueron 24 casos, en 2017, 45. Las estadísticas también muestran que 80 de estas mujeres estaban embarazadas, que 165 eran nenas menores de 12 años, que 101 eran migrantes y 81 eran mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata.
“Tenemos muy buenas leyes pero no se implementan. Acá hay una gran falla de la Justicia. Si una mujer hizo una denuncia, tiene una prohibición de acercamiento que se viola y el hombre no es sancionado, el mensaje es malo. Por eso hay un alto porcentaje de mujeres que no denuncia, porque no confía, porque no se anima, porque no siente que la van a proteger”, dice a Clarín Ada Rico, al frente de La Casa del Encuentro.
“Tiene que haber un trabajo integral. La mujer todavía no sabe cuáles son sus derechos, tiene que estar asesorada, acompañada. Una denuncia puede ser riesgosa, primero tiene que estar fortalecida. Tiene que haber un trabajo previo con psicólogos, asistentes sociales, abogados. Es responsabilidad del Estado”, agrega Rico, que también habla de la cuestión cultural.
“La repetición de circunstancias similares en las que se dan los femicidios tiene que hacer reflexionar a las autoridades con responsabilidad en la ejecución de las política públicas, en los problemas que hay de articulación entre los diferentes ámbitos del Estado, la Policía, la Justicia, los municipios, los espacios de atención de la salud; y tienen que reflexionar a partir del análisis de cuáles fueron las oportunidades fracasadas del Estado. Cada femicidio es un fracaso. Es el fracaso de la actuación deficiente de las políticas públicas de atención de una persona en situación de violencia. Hay que desandar ese camino y ver cuántas veces, dónde y de qué maneras fracasó el Estado en sus distintas instituciones, para dar una respuesta eficiente”, asegura Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
“Realmente es frustrante que diez años después y con tanta mayor sensibilidad social y tanto mayor compromiso de varios espacios del Estado finalmente los resultados no sean distintos, no sean mejores. Es un enorme llamado de atención para el Estado y para la sociedad. Pero principalmente para el Estado, que es el que tiene la responsabilidad”, opina Gherardi.
Además del informe de femicidios, desde La Casa del Encuentro se hicieron varios reclamos: presupuesto para políticas de género en todas las dependencias del Estado tanto a nivel nacional, provincial y municipal; estadísticas oficiales unificadas y completas; capacitaciones obligatorias para jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad en materia de género; la sanción a nivel nacional de la “Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de Femicidio” (Proyecto de Ley con media sanción de Senado); efectiva implementación de la “Ley de paridad de género en ámbitos de representación política” (Ley 27.412); creación de Fueros Especializados en Violencia de Género en el ámbito de la Justicia y sistema de turnos las 24 horas; plena implementación del “Abogado del niño, niña y adolescente” (Ley 14.56); asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima por tres años a las mujeres en situación de violencia; inclusión de la “Licencia por violencia de género” en la Ley de Contrato de trabajo y Convenios Colectivos de Trabajo y la incorporación de la temática de violencia sexista en todas las currículas educativas de los diferentes niveles.
