La pandemia del COVID-19 ha producido una emergencia sanitaria global que ha puesto a prueba la capacidad de los Estados para contenerla. Muchas de las naciones más desarrolladas del mundo han pagado caro su reacción tardía o el haber subestimado el poder mortífero del virus.
Hoy, comienzan a llegar noticias de que en los países más afectados de Occidente la cuarentena está rindiendo frutos y ha empezado a aplanar paulatinamente la curva de contagios.
En la Argentina, la decisión temprana del presidente Alberto Fernández de ordenar un “aislamiento social, preventivo y obligatorio” ha permitido contener el descontrol epidémico, que sobrepasó a sistemas de salud con mayores recursos.
Aunque todavía no se alcanzó el pico de infecciones que anuncia el comité de epidemiólogos que asesora al Gobierno, resulta imperioso planificar la siguiente fase: mantener un número bajo de infectados e ir dejando atrás la paralización de la economía que produjo la cuarentena. Debemos reactivar el nivel de actividad económica, indispensable para enfrentar las necesidades de un futuro apremiante.
De extenderse por más tiempo -como se ha advertido- la economía del aislamiento total demandará una acción urgente, no solo para los que están sin trabajo o tienen menores ingresos, sino también para la clase media y una enorme cantidad de pymes, que deben seguir haciendo frente al pago de salarios, entre otros, y que cuentan con poco margen para seguir endeudándose.
Una situación similar atraviesan los cuentapropistas y profesionales, excluidos del Ingreso Familiar de Emergencia y de todo tipo de contención estatal. Si la economía argentina ya se encontraba enferma desde bastante tiempo atrás, la necesidad imperiosa de prevenir una explosión de contagios de coronavirus la ha puesto en un “coma inducido”, como mencionó el economista Paul Krugman.
Las complejidades son de tal magnitud que demandan reunir una masa crítica de saberes y herramientas tecnológicas de un modo que nunca antes han sido convocado en la historia del país. Necesitamos construir un Estado doblemente inteligente: por un lado, con capacidades para gestionar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Por el otro, con las herramientas necesaria para procesar esta crisis dentro de las instituciones de la democracia, y evitar tentaciones autoritarias, propias del Estado de Emergencia. Todo en un contexto de transparencia absoluta del gasto público.
El gobierno nacional encargó a las provincias la evaluación de las aperturas parciales del aislamiento (ad referéndum de la autorización de las autoridades de la salud nacionales). Este escenario puede resultar muy desafiante en términos logísticos y administrativos. El gobierno nacional debe ocuparse de las decisiones macro y darles recursos fiscales y tecnológicos a las provincias para que ellas puedan enfrentar sus desafíos locales y así profundizar el federalismo.
Con la imposibilidad de tomar deuda y la caída abrupta del comercio internacional, los recursos son limitados. Por eso, el gobierno nacional tiene que utilizarlos con la máxima eficiencia. Los impuestos de emergencia que se discuten actualmente deben compensar la falta de aportes de aquellos que no pueden enfrentar la carga impositiva, para sostener el nivel de actividad económica y mantener los puestos de trabajos.
En ese sentido, parecería que hoy sólo queda el recurso de la emisión monetaria, siendo el único respirador artificial inmediato con el que cuenta nuestra economía. Pero esta tiene que ser utilizada con racionalidad, previsibilidad y respetando el federalismo fiscal. Provincias y municipios deben conocer tanto el monto como el cronograma de desembolsos que el gobierno nacional va a efectuar durante el aislamiento. Lo mismo las pymes y el resto de la población, que se encuentra en una situación vulnerable. Se necesita una amplia coordinación de todos los organismos públicos y actores sociales implicados, una convocatoria generosa y, por sobre todo, evitar toda arbitrariedad y favoritismo.
Una actitud ejemplar es la que viene dando la Ciudad de Buenos Aires, liderada por su jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que ha prestado una total colaboración con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires para sumar esfuerzos contra la pandemia. El gobierno porteño ha demostrado estar a la altura del desafío inicial de contener la expansión del virus, a pesar de tener una concentración poblacional muy importante y ser uno de los epicentros del contagio, dado su carácter cosmopolita y su función de hub aéreo entre Ezeiza y el resto de los aeropuertos nacionales.
Larreta ha combinado ejecutividad con una búsqueda de consenso horizontal entre las fuerzas políticas y consulta permanente a los especialistas. En ese marco, supo coordinar esfuerzos con diferentes instituciones y actores de la sociedad civil, entre los que se destaca la Universidad de Buenos Aires. Cientos de profesionales de la salud, estudiantes y graduados miembros de un masivo voluntariado acompañan las decisiones de las autoridades de una Ciudad en la que los hospitales universitarios son vanguardia de atención sanitaria e investigación clínica de nivel internacional.
Martín Lousteau, senador nacional por Evolución Radical -espacio del que formo parte como diputado nacional- ha sugerido que, así como se conformó un grupo de especialistas que asesoran directamente al presidente en cuestiones de salud, se debe convocar tanto a economistas como a expertos en tecnología (y de las especialidades que la apertura de la cuarentena requieran) para integrar un Consejo de Expertos para la Reactivación de la Vida Económica y Social. Este es el momento para contar con todos los especialistas y sumarlos a las próximas etapas de reconstrucción.
Resulta imperioso que el gobierno nacional amplíe su base de consenso político, para lograr el apoyo mayoritario que demandan las decisiones difíciles que se deberán tomar.
La conjunción de gestión eficaz e inteligente -por un Estado que trabaja en conjunto con los especialistas y los líderes de la sociedad civil- y democracia irrestricta -que asegura el consenso y la transparencia de las decisiones- es la que permitirá trascender la encrucijada entre salud y economía que hoy padecemos todos los argentinos.
