Pese a que el número de infectados en los últimos siete días ascendió a 2.347, las autoridades indicaron que la situación «está controlada». Pero aclararon: «En ningún momento se puede bajar la guardia”. Los brotes más serios se dieron en la provincia catalana de Lleida y en la comarca gallega de A Mariña
Pese a que España está en pleno proceso de reapertura de sus actividades económicas y comerciales tras las medidas de confinamiento, las autoridades continúan siguiendo muy de cerca el comportamiento del coronavirus.
En las últimas horas creció la preocupación, al advertirse que durante los últimos días la curva de contagios se ha comportado de manera similar a la de principios de marzo, cuando la pandemia empezó a golpear con fuerza en el país.
Si se tienen en cuenta los últimos siete días, las autoridades advirtieron que el número de casos (2.347) es similar a la cifra registrada en la semana del 5 al 11 de marzo: en esos días se pasó de 237 infectados a 2.128. Por ese entonces, todavía no se había decretado el estado de alarma.
No obstante, el medio local ABC remarcó que, a diferencia del mencionado período, las autoridades ahora tienen la capacidad de detectar mejor y más rápido los nuevos casos de coronavirus.
Este jueves, durante una entrevista con Antena3, el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, apuntó que los brotes activos en el país ascendieron a 73, cuando el miércoles la cifra era de 67. Sin embargo, el funcionario aclaró que es algo “normal”, en el marco de la “nueva normalidad”.
De los contagios que se reportaron en los últimos días, casi la mitad (1.147) corresponden a la región de Cataluña. Otra comunidad que preocupa a las autoridades es Madrid, donde hubo 237 casos en la última semana; les sigue Aragón, con 223 contagios. En Galicia también se produjo un brote que mantiene en alerta a los funcionarios: 138 personas dieron positivo de COVID-19 en A Mariña (Lugo).
“Me consta que se han hecho esfuerzos para tener las capacidades asistenciales y de vigilancia necesarias”, indicó Illa, respecto a los brotes en esas regiones españolas.
Como consecuencia de los crecientes números, las autoridades regionales decretaron el confinamiento de la población en esas zonas. La medida afecta a un total de 280.000 personas.
En la provincia de Lleida se confirmó este jueves el primer fallecimiento desde el rebrote, a la vez que 46 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El territorio cuenta con un total de 82 hospitalizados, once de ellos en cuidados intensivos.
Para intentar frenar la expansión del virus, en esa región es obligatorio desde este jueves el uso de mascarillas en todos los espacios públicos, con la excepción de las playas y piscinas.
En Cataluña, el número de casos positivos de las últimas 24 horas casi se ha duplicado, con 482 nuevos respecto a ayer, la mayoría de ellos detectados en el área metropolitana de Barcelona, según datos oficiales del Gobierno regional catalán.
En el brote de Lugo, en tanto, detectado el pasado 23 de junio, los casos activos han subido de los 144 del miércoles a 165 hoy.
Las autoridades regionales de las Islas Baleares también anunciaron la obligatoriedad de llevar mascarillas, incluso si se puede asegurar la distancia de seguridad, excepto en playas, piscinas, cuando se esté consumiendo comida o bebida o se practique deporte.
Esa decisión se tomó tras la detección de varios brotes en distintas islas, aunque de pequeña intensidad, pero las autoridades regionales quieren frenar la expansión del virus para no perder el turismo del que depende la economía balear.
Igualmente, es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento en la localidad vasca de Ordizia, donde un brote local suma ya 58 contagios, 10 más que ayer.
María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno, indicó que los brotes están “controlados”, pero advirtió que “en ningún momento se puede bajar la guardia”.
Respecto a la posibilidad de volver a decretar el estado de alarma, Illia sostuvo que “no hay ninguna previsión” de que el Ejecutivo lo declare de nuevo, ya que “las comunidades autónomas tienen la capacidad de decretar confinamientos quirúrgicos en zonas limitadas”. Pero aclaró: “Si se diera el caso de una transmisión descontrolada y necesitáramos limitar de una forma muy drástica la movilidad, que es un derecho fundamental, en varias zonas de España, ya sabemos que hay un instrumento que ha sido eficaz”.
