Tras dos meses y medio sin clases presenciales, el Gobierno empezará a evaluar la respuesta que está dando el sistema educativo ante situación inédita de educar con las escuelas cerradas. Con los insumos que se obtengan, delinearán cómo será el regreso a las aulas, qué contenidos priorizarán y, sobre todo, qué estudiantes deberán buscar para que no abandonen la escuela.
El operativo se llama Evaluación Nacional de Continuidad Pedagógica y este año reemplazará las pruebas Aprender, que se retomarán recién en 2021 ante la contingencia. La puesta en marcha del dispositivo fue aprobado por todos los ministros de Educación en el marco del Consejo Federal.
La evaluación constará de tres encuestas. En primer lugar, a una muestra representativa de 25 mil docentes de los tres niveles -inicial, primaria y secundaria-. Luego, 5 mil directivos responderán preguntas sobre cómo funcionó la reorganización institucional. Por último, 2800 familias, adolescentes incluidos, darán su punto de vista sobre estos meses sin clases presenciales. Las encuestas se harán en línea y por teléfono en los casos donde no haya conectividad.
Los primeros resultados estarán en julio y el informe final se espera para octubre. Con la evaluación, buscarán precisar los efectos de la pandemia en la educación que, se sospecha, ampliará la brecha de aprendizaje una vez que se permita el retorno a las aulas.
“Luego de dos meses de sostenimiento de continuidad pedagógica a la distancia necesitamos generar evidencia para el retorno de las clases y el modo de reorganizar las actividades escolares. Sin información es muy difícil desplegar cualquier política educativa. Sabemos que vamos a tener aulas mucho más heterogéneas y tenemos que trabajar muy fuertemente en aquellos estudiantes que corren riesgo de perder la escolaridad”, dijo en videoconferencia Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional.
Por un lado, la encuesta dará indicios de cómo se debe reorganizar e intensificar el trabajo cuando los alumnos vuelvan a las aulas. Por otro, se propone confrontar la matrícula escolar de marzo con la posterior a la pandemia, con la premisa de que muchos quedarán en el camino. “El objetivo es identificar quiénes son y dónde se localizan para llevar adelante estrategias junto a las provincias y los municipios para asegurar la continuidad. Ir a buscarlos para que vuelvan”, dijo el ministro.
Hasta el momento, Jujuy es la única provincia que presentó un pedido formal para volver a las clases presenciales en forma gradual. En los próximos días se sumarán Catamarca, San Juan y es posible que otros distritos también manifiesten voluntad, al menos en las escuelas rurales, donde no hay circulación del virus. La evaluación también arrojará un diagnóstico de las condiciones laborales de los docentes durante este tiempo ya que, una vez reabiertas las escuelas, funcionará un sistema dual, que combine trabajo en la escuela y en el hogar.
“Son varias las jurisdicciones que ya hicieron su propio relevamiento. En todos los casos, los niveles de interacción entre las escuelas y las familias fueron muy altos. Ese es un denominador común que indica que hubo un esfuerzo importante por sostener la continuidad pedagógica. Sin embargo, esas interacciones son muy heterogéneas en intensidad y modalidad. No es lo mismo enviar tareas a través de un grupo de padres de WhatsApp que mantener un vínculo más directo a través de alguna plataforma con el estudiante”, planteó Gabriela Diker, secretaria de Evaluación educativa.
Para la funcionaria, “los efectos de la continuidad pedagógica van a ser heterogéneos, tanto más que los procesos que suceden en el aula”.
Según los relevamientos oficiales, solo el 36% de los alumnos y docentes accede a internet de alta velocidad. La conectividad alcanza al 80%, pero en muchas ocasiones el ingreso se da solo a través del celular. Con esos datos, en el ministerio están avanzando en una plataforma nacional gratuita, que nuclee las propuestas de las carteras provinciales y las universidades, y permita un intercambio entre maestros y estudiantes.