Si bien el Gobierno descarta obligar a los españoles a darse la vacuna, hay regiones del país que advierten de sanciones de 3.000 euros si no se inyectan las dosis
La carrera por conseguir la primera vacuna contra el COVID-19 está encarando su recta final. Muy pronto comenzarán las campañas de vacunación en el mundo, que supondrán un antes y un después en la pandemia. Recientemente, el ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, confirmó que el plan comenzará en enero de 2021. El Gobierno prevé que gran parte de la población esté vacunada en la primera mitad del próximo año, pero descarta obligar a los españoles a ponérsela.
Pfizer y Moderna aseguraron que sus dosis son efectivas en un 95% de la población; AstraZeneca, en cambio, aseguró que su efectividad solo llegaba al 70%. Estas son algunas de las empresas que más avanzada tienen su vacuna, ya que se encuentran en Fase III y están pendientes de empezar a producir de forma masiva sus dosis.
Sin embargo, la noticia de la llegada de una vacuna inminente ha generado dudas en la población, ya que muchos sienten que su fabricación y procedimientos han tomado el camino rápido. El último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de España indica que un 43% de la población no está dispuesto a vacunarse contra el nuevo coronavirus, aunque un 40% sí lo haría de forma inmediata. Pero, ¿es posible forzar a la población a inocularse?
La vacunación en el país español es voluntaria, por lo que cada ciudadano tiene libertad para decidir cómo actuar. En circunstancias normales no es posible forzar a la población a inocularse, pero la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del 14 de abril permite imponer la vacunación obligatoria durante una crisis sanitaria cuando hay un riesgo para la salud pública. Y así lo contempla en su artículo segundo: “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.
Dentro de la Ley también se especifica en su artículo tercero que “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. Por lo tanto, si el Gobierno lo considera oportuno, puede modificar o introducir algunos puntos en la Ley, con el fin de que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria.
Galicia, un caso especial
Quien sí apuesta por una vacunación obligatoria bajo penas de multas por infracción leve de aquellos que se nieguen al pinchazo es Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia. El líder del Partido Popular propuso una reforma en la Ley Orgánica de Salud, para terminar con la “inseguridad jurídica”.
La última propuesta que realizó el PP en Galicia fue la de incluir sanciones por infracciones en materia de salud, a través de una reforma de la Lei de Saúde. Esto incluye negarse a hacerse un test o a no vacunarse contra el coronavirus. Ambas serían infracciones leves, con multas de hasta 3.000 euros.
“Es una vacuna obligatoria y, por lo tanto, debemos estar preparados para que, cuando la tengamos, no sea una cuestión que tengamos que judicializar, sino que sea una cuestión que la ley orgánica prevé expresamente”, comentó el presidente regional.
Más temprano este año, Galicia amenazaba con sancionar con 120.202,42 euros el incumplimiento de las cuarentenas marcadas por la pandemia en caso del grado máximo de incumplimiento y con 3.005,07 euros en el caso del grado mínimo. El Diario Oficial de Galicia (DOG) reflejaba que, en caso de que la persona que no acatara esta obligación estuviera finalmente contagiada por coronavirus, la multa iría desde esos poco más de tres mil euros hasta 6.010,12.
El boletín oficial estipulaba textualmente que tenían la consideración de circunstancias agravantes la “grave alteración sanitaria y social” y el “número de personas afectadas” en supuestos de asistencia a eventos sociales multitudinarios, fiestas o celebraciones. También a establecimientos abiertos al público.
