El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición de bienes de las personas y las cooperativas que fueron allanadas el lunes pasado en el marco de causa que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales.
El magistrado pidió al INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), que es la autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas.
Las defensas de los implicados ya comenzaron a moverse. Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero que no está involucrado en el expediente, dijo que los abogados recién pudieron tener acceso a la causa ayer. Apuntan contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y cuestionan que habló de los procedimientos cuando aún no habían finalizado.
La ministra por su parte pidió ser querellante en la investigación. Sin embargo, el juez Casanello evalúa si la acepta, sobre todo porque la policía es un auxiliar de la justicia y no se explicó cuál sería el rol de víctima de esa repartición pública.
El fiscal había pedido allanamientos para indagar y detener, pero el juez Casanello rechazó y pidió más medidas. La representante del Ministerio Público apeló y la Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a los procedimientos para secuestrar la prueba. No hay detenidos y se espera evaluar toda la prueba antes de resolver la declaración de los involucrados.
