En el marco de la mesa tripartita del Consejo de Mayo —que reúne al Gobierno, empresarios y sindicatos— se comenzó a debatir un proyecto de reforma laboral que contiene dos ejes centrales impulsados por el Gobierno nacional y el sector empresario, pero con fuerte resistencia del sindicalismo.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó que uno de esos puntos es la introducción de los llamados «salarios dinámicos», que buscarían vincular la remuneración de los trabajadores con criterios de productividad:“El objetivo es identificar elementos objetivos que permitan diferenciar la eficiencia y eficacia de cada trabajador, lo que se traduce en remuneraciones acordes a la productividad”.
Para lograrlo, el Gobierno y los empresarios proponen una modificación al principio de prelación que hoy rige en los convenios colectivos, de modo que un convenio por empresa (o por actividad reducida) pueda tener condiciones distintas (no necesariamente superiores) a los convenios sectoriales.
El segundo eje apunta a derogar la ultractividad de los convenios colectivos —es decir, la vigencia automática de un convenio luego de su vencimiento— y promover la voluntariedad de los aportes al sindicato. Esto permitiría negociar más rápidamente acuerdos nuevos e introducir mayor flexibilidad en la negociación entre empresas y trabajadores.
El sindicalismo —encabezado por la CGT— se manifestó en contra de estas modificaciones. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, calificó el proyecto como “la ratificación del decreto 70/23 en su capítulo laboral” y expresó su rechazo categórico.
Hasta ahora no se conocieron los plazos exactos para presentar el proyecto de ley ni los detalles finos de su contenido. El debate se dará tras las elecciones legislativas, y la puesta en marcha dependerá del consenso o la negociación con los gremios.
