El misterio en torno a Diego Fernández Lima se reaviva con un giro clave. Tras el hallazgo de su cadáver 41 años después de su desaparición, en una casa de la avenida Congreso (vecina a una propiedad donde vivió Gustavo Cerati), la investigación tiene un nuevo sospechoso.
Se trata de una persona que, según los investigadores, no solo conoció a la víctima, sino que también residió en la misma casa donde se encontraron los restos.
Según fuentes judiciales se trata , de Norbert Cristian Graf, de 58 años, empleado de una conocida multinacional. Su dirección fiscal es, precisamente, la casa de la avenida Congreso donde vivió en su juventud, y donde se hallaron los huesos de Diego cuando un grupo de obreros realizaba una medianera en la casa donde vivió Cerati y se desmoronó un trozo de la tierra del jardín de los Graf.
Su nombre fue aportado por un testigo que se presentó en la fiscalía del caso, a cargo del doctor Martín López Perrando. Según la fiscalía, Graf había pasado desapercibido para los familiares de Fernández Lima: no era de su círculo cercano de amistades del colegio ni del club Excursionistas, donde Diego jugaba al fútbol. Sin embargo, 41 años después, su cadáver aparece en el jardín de su familia.
A pesar de la amplia difusión de su nombre, Graf no se ha presentado a la fiscalía para brindar una explicación. Su silencio, sumado a que el cadáver fue encontrado en un pozo en el jardín de su casa, parece configurar un panorama claro. Sin embargo, el caso está lejos de ser sencillo.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que Diego fue asesinado. Gracias al ADN de su madre, los peritos identificaron sus restos y determinaron una muerte violenta con claras evidencias de un intento de manipulación del cuerpo. Se encontró una lesión en la cuarta costilla derecha «compatible con un objeto cortopunzante» y otras marcas que sugieren un intento de descuartizamiento o de acomodar el cuerpo para su entierro.
A pesar de esta contundente evidencia, la principal traba es la ley argentina. El crimen de Diego Fernández Lima prescribió hace casi 20 años. La ley establece un plazo de 25 años para investigar y juzgar un homicidio y, dado que el caso data de hace más de 40 años, la acción penal ya no tiene validez. Debido a que no se trata de un delito de lesa humanidad (el único crimen imprescriptible en el país), el responsable o los responsables de la muerte y el encubrimiento no podrán ser condenados.
