El denominado “plan motosierra” del gobierno de Javier Milei implicó la eliminación de aproximadamente 47.925 empleos públicos (9,6% de la planta estatal) entre diciembre de 2023 y abril de 2025. La reducción abarcó tanto la Administración Pública Nacional (–13,7%) como empresas estatales (–16,4%).
Este ajuste acumulado supera los 50.000 empleos contabilizados en datos cruzados por medios argentinos. Según un informe publicado en junio, los puestos en el Estado nacional descendieron de 343.354 a 290.801 desde fines de 2023.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, afirmó que el recorte genera un ahorro anual de USD 1.885 millones, incluyendo infraestructura y gastos asociados. Además, se mantiene activa una segunda etapa del plan, con nuevas evaluaciones de contratos, jubilaciones, retiros voluntarios y eliminación de organismos considerados “no esenciales”.
Los recortes ya habían afectado más de 41.000 empleos hasta marzo de este año, y el plan se “profundizará” en sectores considerados superfluos.
La estrategia estructural del gobierno busca reducir el tamaño del Estado, cerrar dependencias, suspender contratos y prescindir del personal homologado bajo Ley Marco o LOyS, donde se produjeron los recortes más pronunciados.
Las consecuencias fueron evidentes: menor presupuesto para educación, salud, ciencia, obras públicas y programas sociales, lo que generó protestas sindicales y estudiantiles en Buenos Aires.
El gobierno defiende que estos ajustes son indispensables para estabilizar las cuentas públicas y reducir déficit, mientras amplía su posicionamiento de un “Estado mínimo”.
