El Gobierno argentino presentó una apelación contra la decisión de la jueza Loretta Preska, que ordenaba transferir las acciones de la petrolera YPF a Burford Capital, el fondo que compró los derechos del juicio.
La disputa se originó por la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado nacional tomó el control de la empresa, que estaba en manos de Repsol. Burford reclama una compensación de USD 16.100 millones, argumentando que la estatización no respetó los estatutos de la compañía.
Para evitar embargos mientras continúa el proceso judicial, Argentina ya depositó una garantía de USD 1.500 millones. Ahora, la Corte de Apelaciones de Nueva York deberá resolver si confirma o revierte el fallo de primera instancia.
El Gobierno sostiene que la jueza Preska se extralimitó en sus facultades y calificó la sentencia como “arbitraria”. La causa es seguida de cerca por su impacto en las reservas del país y la estrategia de defensa internacional.
