El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaron esta tarde en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de presentación del proyecto de ley del «Régimen de fomento al desarrollo agrobioindustrial», cuyo objetivo es intensificar el desarrollo de esa cadena a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 700 mil puestos de trabajo y la incorporación de tecnologías de última generación.
“Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, el diálogo, una mesa común en donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que Argentina sea el país en el que merecemos vivir”, indicó el jefe de Estado sobre el proyecto, y añadió: “Nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan. Necesitamos construir un país con la equidad y la igualdad social necesarias para que todos ganen”.
En ese marco, el Presidente invitó a que “terminemos con el desencuentro, que todos digamos sí para avanzar”. Añadió: “Quiero que dejemos de lado a los cultores del no se puede, y que podamos construir, entre todos, el país que nos merecemos, el país que le diga si al productor agropecuario, al que produce en una industria, al desarrollo de la ciencia y tecnología, a los que trabajan. El país que le diga no a la división para seguir parados en el mismo lugar”. Y convocó “a decir sí. Hagamos la Argentina que nos merecemos”.
El mandatario informó que la iniciativa “es resultado del trabajo de más de un año del que participaron ministros, sectores de la agroindustria, productores, universidades, científicos, y es resultado de escucharnos, buscar puntos de encuentro y ver cómo conciliamos intereses”.
Participaron del acto el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. También estuvieron presentes ministros; los integrantes del Consejo Económico y Social y su presidente, Gustavo Beliz; y representantes de los trabajadores y de asociaciones, entidades e instituciones vinculadas al sector agroindustrial nacional. De manera virtual, acompañaron gobernadores de todo el país.
Por su parte, el ministro Domínguez explicó que “el trigo, el maíz y la carne son considerados bienes culturales argentinos y están en el centro de nuestras tradiciones. Nuestra obligación es cuidar el interés general y la seguridad alimentaria de los argentinos, por eso, nuestro deber es administrar con responsabilidad e inteligencia los saldos exportables de nuestra Nación”.
Y subrayó que la iniciativa “encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial, por lo que celebro que se organice detrás de un proyecto común”.
El proyecto, que busca alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres, tiene además el objetivo específico de incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales para llegar a los 100 millones de dólares en 2030.
Asimismo, busca promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen para alcanzar un desarrollo sostenible que contribuya a la reducción de la pobreza y la desigualdad, y que genere estímulos fiscales para mejorar los rendimientos en el sector.
Lineamientos del proyecto de Ley
Mediante la definición de cinco criterios para las áreas de producción, empleo, comercialización, exportaciones e inversiones, se busca otorgar previsibilidad a las cadenas de valor agrobioalimentarias con beneficios fiscales sujetos al incremento de la productividad.
De esa forma, alcanza a más de 150 actividades agrobioalimentarias y agrobioindustriales, y a los sujetos contenidos en esas cadenas como productores, emprendedores, cooperativas, formas asociativas, empresas industriales y de base tecnológica, entre otros.
Entre sus principales beneficios se incluyen la amortización acelerada y el menor tiempo en la devolución del IVA para nuevas inversiones, y la promoción de prácticas de cuidado ambiental y del suelo a través de la cesión de bonos correspondientes al 50 por ciento de la inversión como créditos fiscales.
Además, impulsa la promoción de la llamada semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres mediante un bono del 50 por ciento de la inversión como crédito fiscal.
