Mañana habrá una reunión de todos los ministros de Educación del país en la que surgiría una declaración conjunta. Las aperturas de las escuelas se definirán por la situación de cada municipio


El propio Alberto Fernández confirmó el inicio del ciclo lectivo con clases presenciales desde marzo. “El dictado de clases es para mí un aspecto prioritario este año”, dijo el Presidente el fin de semana pasado. Ahora, el Gobierno afronta el desafío de comprometer a las provincias, las responsables directas de las escuelas, de que debe volver la presencialidad desde el inicio del ciclo lectivo.

Desde el ministerio de Educación de la nación despliegan desde hace diez días una agenda federal con ese objetivo y recorrieron las provincias del Noroeste y las de Cuyo. En los próximos días seguirán con el Nordeste y la Patagonia. De cara al inicio de las clases, la intención es concretar reuniones con todos los gobernadores y sus equipos educativos. Involucrarlos en la idea de que se deben abrir las escuelas, aunque sea en forma parcial.

Para mañana viernes a las 18 está convocada una reunión por videoconferencia entre los ministros de Educación de todo el país. Desde Nación buscarán alcanzar un acuerdo que se materialice en una declaración conjunta que deje en claro el compromiso por la educación presencial en 2021.

Durante el año pasado, sobre todo en lo que duró la etapa de aislamiento obligatorio, desde el ministerio de Educación asumieron un rol de clara centralidad en las políticas educativas. De hecho, pese a la autonomía de las jurisdicciones, las aperturas escolares debían recibir el visto bueno del Palacio Sarmiento.

Para este ciclo lectivo, desde el Palacio Pizzurno ya adelantaron que, más allá de la voluntad del gobierno nacional, serán los mandatarios provinciales los que definirán el regreso a las aulas. Si bien la autonomía volverá a pesar, Nación presiona para que desde el primero de marzo, cuando la mayoría de los calendarios escolares se pondrán en marcha, haya “la mayor presencialidad posible”. Tras un año sin clases presenciales, necesitan que la mayoría de los chicos regresen a las aulas.

Para cumplir ese objetivo, los ministros acordarán modificar el semáforo epidemiológico que rige hasta el momento, que monitorea tres indicadores: el nivel de transmisión, la cantidad de contagios en relación a las últimas dos semanas y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva. Bajo el esquema actual prácticamente ninguna provincia estaría en condiciones de retomar las clases presenciales.

Nación ya tiene definido flexibilizar los indicadores y le pedirá a los gobernadores que deleguen la decisión de abrir las escuelas en los intendentes, que analicen la realidad epidemiológica ya no en el total de la provincia, sino en cada municipio. De ese modo buscan evitar lo que fue un fenómeno recurrente en 2020: provincias enteras sin clases por brotes únicamente en sus grandes ciudades.

Al otro factor que se aferran para garantizar el inicio de las clases presenciales es a la vacunación. Detrás del personal sanitario, de los adultos mayores, de las fuerzas de seguridad y las personas con enfermedades preexistentes, el Gobierno incluyó en quinto lugar a los docentes y no docentes.

En total, el personal educativo agrupa poco más de 1.4 millones de personas. En los próximos días, el Ejecutivo detallará los plazos de inmunización, aunque ya tiene definido priorizar tres grupos que, por la naturaleza de su trabajo, requieren contacto más cercano con sus alumnos: los docentes de educación especial, los de nivel inicial y los del primer ciclo de primaria.

El ministerio de Educación generará un registro nacional de vacunación docente, donde los maestros podrán anotarse online para recibir la vacuna. Así también podrán monitorear los avances en cada distrito.

Justamente la vacunación es un punto que divide a la cartera educativa y a los gremios docentes. Distintos dirigentes de Ctera, el principal sindicato del sector, ataron la posibilidad de volver a las aulas a la vacunación de los maestros. Claro que, considerando que la inmunización empezará en febrero, los plazos no darán para vacunar a todo el personal antes del inicio del ciclo lectivo.

Pese al condicionamiento, Trotta reiteró en distintas ocasiones que la “vacunación no es condición indispensable para que empiecen las clases”. Incuso anteayer, en su visita a San Juan, se mostró confiado en que Ctera apoyará el retorno. “Los gremios acompañaron el regreso a la presencialidad durante el 2020 en más de la mitad de las provincias argentinas y no había vacuna. Su esfuerzo para llevar adelante la continuidad pedagógica y mantener las escuelas abiertas para garantizar la alimentación son muestras de su enorme compromiso. Vamos a trabajar mancomunadamente para que las y los alumnos regresen de manera cuidada a las escuelas de todo el país”, planteó.

Lo que aún resta por definir -y esto sí será decisión exclusiva de los gobernadores- es cuán intensa será esa presencialidad. Según un relevamiento, la mayoría de las provincias tiene pensado empezar el ciclo lectivo con un modelo híbrido. Es decir, con asistencia alternada a la escuela y continuidad a través de clases virtuales. Las familias esperan que la presencialidad no sea una excepción de encuentros una hora por semana como sucedió en los últimos meses de 2020, sino que vuelva a ser la regla.