Desde que el gobierno de Luis Lacalle Pou cerró las fronteras, el 24 de marzo, entraron 25.953 desde el otro lado del Río de la Plata. El número representa casi la mitad del total de extranjeros que ingresó durante la pandemia
El promedio semanal de ciudadanos argentinos que solicitaron la residencia en Uruguay ascendió a 150, un máximo histórico, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior del gobierno de Montevideo a medios locales.
El aumento ocurre tras las las medidas del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou para favorecer la inversión y la residencia fiscal en el pequeño país rioplatense y mientras la pandemia de coronavirus agrava los problemas de Argentina, un país sumido en una profunda recesión desde 2018 y con el 40,9% de la población bajo la línea de pobreza.
Aunque las cifras detalladas de migración no están disponibles, el senador uruguayo Jorge Gandini, del gobernante Partido Nacional, dijo a Reuters que al menos 2.000 argentinos han solicitado la residencia fiscal en Uruguay en los últimos meses.
Desde que el gobierno uruguayo cerró las fronteras el 24 de marzo, entraron 25.953 ciudadanos del país vecino, casi la mitad del total de extranjeros que ingresó a Uruguay en ocho meses de pandemia.
Entre las razones del éxodo, los expertos indican los controles de divisas cada vez más estrictos adoptados por el gobierno peronista de Alberto Fernández y el proyecto de un impuesto a las grandes fortunas, que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados y ahora espera turno en el Senado, con el cual el gobierno argentino busca recaudar fondos para la lucha contra la pandemia y la reactivación económica.
Martín Caranta, especialista en impuestos y socio de Lisicki Litvin en Buenos Aires, dijo a Reuters que las medidas para aumentar los impuestos en ese país habían creado una mayor presión sobre la clase media. “Mucha gente se cansó de esa presión y decidió irse a otra parte”, dijo.
Al contrario, Lacalle Pou lanzó beneficios fiscales para atraer inversiones y relajó los requisitos de residencia, reduciendo la cantidad de inversión necesaria en bienes raíces de 1,6 millones de dólares a poco más de USD 328.000. Además, ofrece una “moratoria fiscal” de diez años para los extranjeros.
La tendencia representa un desafío para Argentina. Por un lado, el país necesita desesperadamente recaudar fondos, pero también quiere evitar una “fuga de cerebros” y emprendedores fuera del país, el capital humano que necesita para ayudar a impulsar una reactivación económica.
En el éxodo, también influyó el distinto enfoque en la lucha contra el coronavirus de Uruguay, más respetuoso de la libertad y responsabilidad individual en comparación con el país vecino, donde se dictó una estricta cuarentena que duró ocho meses.
Los resultados sanitarios también fueron opuestos: Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes, registró desde el comienzo de la pandemia menos de 5 mil casos positivos y no llega al centenar de muertes -aunque en las últimas semanas han crecido sus números- , mientras Argentina cuenta con un millón y 300 mil contagiados y 37.000 muertes.
