Con una pérdida de matrícula de hasta el 90% y una ayuda estatal insuficiente, se multiplican los establecimientos para niños de entre 45 días y 3 años que no volverán a abrir sus puertas
Hoy se cumplen 109 días desde la declaración del aislamiento obligatorio. La suspensión de las clases presenciales, por su parte, lleva algunos días más. Todos niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad, cerraron sus puertas el lunes 16 de marzo. Para algunos establecimientos, en especial para los jardines maternales, el cierre será definitivo.
Según datos de la Junta Nacional de Educación Privado (JUNEP), 146 jardines maternales no volverán a la actividad una vez que se reanude el ciclo lectivo presencial. Con chicos desde 45 días hasta 3 años, es el nivel más comprometido. Los padres que pueden pagar las cuotas, en su mayoría, no ven sentido a las clases a distancia con niños tan pequeños pese al esfuerzo de las maestras.
Según el relevamiento, Salta es la provincia donde más cierres se registraron con 45. Le siguen Córdoba (32), Santa Fe (16), provincia de Buenos Aires (12), Entre Ríos (8), Mendoza (7), Río Negro (5), Chaco (5), San Luis (5), ciudad de Buenos Aires (4), La Pampa (4) y Misiones (3). Es posible que las instituciones cerradas incluso sean más ya que, pese a tratarse de la asociación más grande, hay nueve provincias que no forman parte.
En los maternales la pérdida de matrícula fue terminal. Si bien en primaria y secundaria también se registra un desgranamiento considerable, allí la caída fue de hasta el 90 por ciento en algunos casos. Hasta 90 por ciento de cuotas que no se pagaron, que se sumaron a una ayuda estatal que llegó tarde o fue insuficiente.
En un principio los establecimientos educativos no estaban incluidos dentro del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Ante el reclamo del sistema, el Gobierno los sumó a la ayuda estatal. Sin embargo, muchas instituciones -en especial jardines- reportaron problemas para acceder al subsidio, demasiadas trabas burocráticas y retrasos.
Los presagios para el nivel son los más dramáticos. En primer lugar, la continuidad pedagógica con chicos de 3 años o menos se convierte en una tarea titánica. En segundo lugar, porque en este contexto ya no cumple la función de guardería, los padres ya no pueden confiarles a sus hijos a una institución mientras ellos trabajan. Y en tercer lugar, de sala de 3 para abajo no es obligatorio. Por ende, sacar a los chicos no implica que pierdan escolaridad.
“La mayoría todavía no cerró porque apostamos a poder sostenerlo, pero la realidad es que muchísimos no van a tener alternativa. Solo en la ciudad de Buenos Aires, son más de 5 mil empleados afectados y familias que necesitan de esa función social. El videíto que nosotros le podamos a mandar a los chicos puede ser muy lindo, pero no alcanza”, planteó Georgina Malm Green, dueña de la Escuela Infantil Green Garden de Chacarita.
En el mejor de los casos, aquellos que acceden a la ATP, pueden pagar parte de los salarios de los maestros, pero se les hace cuesta arriba solventar los otros gastos que, pese a no haber actividad presencial, deben seguir pagando como el alquiler, los servicios y los seguros.
El problema se agrava si se considera que, en los primeros años, la oferta educativa estatal es muy baja. Según datos de CIPPEC, mientras el 70% de las escuelas privadas ofrecen sala de 3, solo el 47% de las de gestión estatal lo hacen. En el jardín maternal, las diferencias son mayores: el 35% de las privadas ofrece alguna sala para los niños de 45 días a 2 años, mientras que solo sucede en el 10% de las públicas.
Llegado el caso, si el cierre de establecimientos siguiera avanzando, la pregunta que cabrá hacerse es si el sistema público está en condiciones de resistir la migración de chicos que vendrá de la gestión privada. En el nivel inicial, ni hablar del maternal, es indudable que no.
