Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, criticó al régimen de Beijing y a la censura de informaciones cruciales para enfrentarse al COVID-19, que ya se cobró más de medio millón de vidas en todo el mundo
En la apertura de la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet afirmó que “en el mundo entero el COVID-19 ha sido instrumentalizado para limitar el derecho de las personas a expresarse y a participar en la toma de decisiones que afectan a sus vidas”.
“En la Federación de Rusia, en China, en Kosovo, en Nicaragua y en numerosos países veo informes de amenazas e intimidación contra los periodistas, los blogueros y los activistas cívicos en particular a nivel local, con el objetivo aparente de desalentar las críticas a la respuesta de las autoridades al COVID-19”, indicó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Bachelet también mencionó las severas restricciones a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica en Egipto, así como la aplicación arbitraria y excesiva de medidas contra la pandemia en El Salvador. ”La censura y la criminalización de los discursos son susceptibles de suprimir informaciones cruciales para enfrentarse a la pandemia”, dijo Bachelet, que pidió luchar contra la desinformación.
“En Bielorrusia, Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania y Estados Unidos, entre otros, temo que las declaraciones que niegan la realidad del contagio del virus y la polarización creciente de las preguntas clave intensifiquen la gravedad de la pandemia”, afirmó. Bachelet también reiteró su llamamiento para levantar parte de las sanciones internacionales “para garantizar que los cuidados médicos y la ayuda sean accesibles a todo el mundo”.
Por otro lado, la ex presidenta de Chile sostuvo que la epidemia del coronavirus “amenaza el desarrollo y la paz” y exige que los países apuesten por dar más derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y “no menos”. Bachelet instó a las naciones del mundo a adoptar “medidas transformadoras” para fortalecer la protección de los derechos humanos, promoviendo la salud pública, la confianza en las instituciones y una mayor resiliencia social y económica.
Pidió liderazgos “basados en la claridad, las evidencias y los principios, para la protección de los más vulnerables”, y hacer frente a las desigualdades que la pandemia está aumentando. En cuanto a los grupos más afectados, destacó la situación de las minorías, las mujeres, los niños y los mayores. Los miembros de minorías étnicas y raciales y los indígenas, aseguró, son más propensos a morir de COVID-19.
Bachelet destacó a Costa Rica y Panamá como ejemplos de países que han puesto en marcha esfuerzos específicos para proteger a sus indígenas y dotarles de más servicios. Respecto a las niñas y mujeres, señaló que su exclusión y discriminación se agrava por la desprotección social, empleos peor pagados, la carga del cuidado de niños y mayores, y el hecho de que participen poco en los órganos de decisión.
Calificó de “alarmantes” las cifras de contagios y muertes en residencias de ancianos, que “sugieren grandes carencias” en sus cuidados por parte de las autoridades nacionales. Otro segmento enormemente afectado es la infancia, sobre la que la pandemia tendrá efectos “profundos y de larga duración”. UNICEF prevé que un 15 % de los niños estarán bajo el nivel de pobreza este año (672 millones) y se calcula que la malnutrición infantil afectará a 10 millones de pequeños.
Los jóvenes, que más a menudo trabajan en sectores informales y muy golpeados, también se enfrentarán a una grave crisis, lo que afectará a las tendencias migratorias, ya que los menores de 30 años suponen un 70% de los migrantes. Honduras y Panamá, señala Bachelet, son dos de los países donde los migrantes son detenidos en condiciones masificadas y con riesgos sanitarios.
