Tras la confirmación de cinco nuevas muertes y 19 infectados en una residencia para adultos mayores en la ciudad bonaerense de San Martín, aumenta la preocupación por un aumento de casos en esa población de riesgo
Los geriátricos volvieron a ser noticia esta semana luego de la confirmación de cinco nuevas muertes y al menos 19 casos positivos de coronavirus en el geriátrico “El Amanecer” de Villa Lynch, en el partido bonaerense de General San Martín.
“Un viernes dimos la vacuna de la gripe y el sábado una residente levantó temperatura. No pensamos nunca que iba a ser por COVID. Una empleada también levantó fiebre y después fue la primera que dio positivo”, expresó esta mañana el encargado del lugar, Jonathan Sianchetta, quien aclaró que allí trabajan en total 37 empleados y viven 79 residentes en habitaciones compartidas de dos, tres y hasta cuatro personas.
Los pacientes contagiados fueron derivados a centros de salud cercanos pero continúan los controles dentro del hogar. De acuerdo al dueño de la residencia, aún faltan los resultados de cerca de 40 hisopados nuevos. “Los abuelos están bien, están tranquilos en sus habitaciones, acá no reina la locura. Estamos trabajando tranquilos acá adentro, siempre nos manejamos con protocolo”, aseguró y destacó que la situación “está controlada” y que no está en las manos de las autoridades del geriátrico la decisión de evacuar.
A través de la denuncia de una familiar de una de las personas fallecidas, el brote motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, que investiga “posibles violaciones a los protocolos de control establecidos para evitar la propagación de la pandemia” de coronavirus y por tanto una violación del artículo 205 del Código Penal que castiga a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
«Me llamó mucha atención la denuncia porque me la hace la nieta de una persona y yo nunca vi a ninguna nieta, tengo acá el libro de visitas», señaló Sianchetta esta mañana ante la prensa. «Cuando fui a la fiscalía me dijeron que me iban a allanar pero no lo hicieron, me parece una locura porque ya declaré y en menos de 8 horas presenté todo lo que me pidieron». La causa quedó en manos de Paul Starc, fiscal federal de Tres de Febrero.
Según cifras oficiales del gobierno porteño ya hay 17 instituciones de este tipo afectadas en la Ciudad, con 153 contagios y 32 muertes en total. El problema preocupa cada vez más teniendo en cuenta que la edad promedio de los fallecidos por coronavirus es de 76 años (con una prevalencia de los hombres del 59,56 por ciento) y que en países como Italia y España los brotes de contagio en esas residencias engrosaron notablemente la estadística de fallecimientos.
Este martes, además, se confirmó que 79 personas en situación de calle -todos ellos hombres y adultos mayores- habían contraído COVID-19 en un refugio del gobierno de la Ciudad para personas sin techo en el barrio porteño de Retiro.
El caso de San Martín se suma al de varios otros geriátricos con brotes de COVID-19, investigaciones judiciales y evacuaciones. Desde el inicio del aislamiento obligatorio hubo episodios de contagio en residencias de los barrios porteños de Belgrano, Parque Avellaneda, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Villa Devoto y Recoleta pero también en las ciudades bonaerenses de Hurlingham y Escobar y un brote en la localidad de Saldán, en la provincia de Córdoba donde se confirmaron 65 casos de coronavirus entre empleados y pacientes y al menos seis muertos. La situación se complejiza además en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires donde preocupa la enorme cantidad de residencias sin habilitación.
En el caso de Hurlingham, el Hogar de Ancianos Residencia El Parque es investigado a raíz del caso de una residente que fue intervenida quirúrgicamente en un sanatorio y a su regreso el pasado 15 de abril le fue asignada una habitación compartida con otras tres personas, en lugar de ser aislada por 14 días como indica el protocolo. Días más tarde debió ser trasladada a un centro sanitario con un cuadro febril donde se confirmó que tenía coronavirus.
En el Sanatorio San Carlos de la localidad de Escobar, en tanto, la Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, investiga “la presunta propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa” tras detectarse allí «un gran brote de coronavirus que alcanzó a más de 20 pacientes” y personal médico sumado a la falta de insumos de protección para el personal de salud, la negativa a realizar hisopados a los trabajadores tras la detección del primer caso positivo por sus autoridades y el desecho de residuos patogénicos en bolsas comunes.
El fiscal Arzubi Calvo investiga también el caso de un consorcio que instruyó al personal de seguridad la prohibición del ingreso de médicos y médicas a un edificio de Caballito donde más de 20 profesionales tienen consultorio y atienden a afiliados de PAMI y a prestadores que no pueden -por razones ajenas a ellos- o no “estarían brindando” a los afiliados la cobertura necesaria para tratar afecciones de la salud, desconociendo la emergencia sanitaria establecida por ley, según informó el sitio fiscales.gob.ar.
En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación anunció esta mañana en el parte diario una modificación de la definición de caso sospechoso de coronavirus, es decir, del listado de las características que debe presentar un paciente para ser sometido a un test PCR. El cambio apunta a dos focos sensibles: villas de emergencia y geriátricos. También incluye a las unidades del servicio penitenciario y se extiende al personal de salud y a las fuerzas de seguridad que prestan tareas durante la pandemia.
