La presentación la hizo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuya repartición fue aceptada como “amicus curiae». Dijo que así se evitará un reproche internacional contra el Estado argentino por el abuso de las prisiones preventivas
El Gobierno no solo pidió por la prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. También hizo una solicitud similar por la libertad de Martín Báez, el hijo del empresario Lázaro Báez, que está preso desde hace un año, acusado de haber movido millones de dólares en cuentas que estaban inhibidas, mientras se sustanciaba el juicio oral y público por la llamada “ruta del dinero K”. Citando palabras del presidente Alberto Fernández sobre el supuesto abuso de las prisiones preventivas, la Secretaría de Derechos Humanos sostuvo que continuar con la detención del joven implicaría «una responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
El pedido lo formalizó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Es que el 16 de marzo fue aceptado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal como “amicus curiae». El dato sobre el pedido de la libertad de Martín Báez, surgió luego del pedido en beneficio de la misma repartición del Ministerio de Justicia en favor de la domiciliaria de Jaime.
“Desde la Secretaría de Derechos Humanos solicitamos se conceda la excarcelación al Sr. Martín Báez”, afirma la presentación y que ahora está bajo análisis de la Cámara Federal de Casación Penal.
A Martín Báez se lo detuvo en febrero de 2019 en base a un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que advirtió sobre un extraño movimiento de más de 5 millones de dólares en cuentas del exterior. Lo llamativo del caso es que Báez hijo estaba inhibido judicialmente para hacerlo. Para el fiscal de juicio Abel Córdoba, esta maniobra demostró un riesgo de entorpecimiento de la causa y por eso pidió que sea encarcelado y el TOF 4 así lo entendió.
La semana pasada, el mismo tribunal le negó la excarcelación que el hijo del dueño de Austral Construcciones habían solicitado por razones familiares y ante el temor del avance de la pandemia de coronavirus.
Ahora, la secretaria de DDHH de la Nación afirmó que “el interés persecutorio del Estado no puede contravenir la restricción razonable de los derechos fundamentales de una persona” y advirtió “el carácter excepcional de la prisión preventiva”. “Más aún, en los últimos años la Argentina ya fue advertida por el sistema internacional de protección de los derechos humanos respecto al uso abusivo y arbitrario de la prisión preventiva”, afirmó.
“En el caso que nos compete, según se desprende de las resoluciones del TOF que rechazaron los pedidos de excarcelación de la defensa de Martín Báez, se menciona como supuestos ‘peligros procesales’ la posibilidad de que el imputado ‘entorpezca’ la investigación a través del movimiento de dinero”, explicó y añadió: “El TOF ya ha dispuesto el congelamiento de las cuentas que habían registrado movimientos y que motivaron –en su momento- la prisión preventiva de Martín Báez», pero todavía se “considera prudente la detención preventiva” lo cual “nos lleva a una situación sumamente delicada y reñida con el Estado de Derecho”.
Asimismo, dijeron «que si se llegara a rechazar el pedido de excarcelación de Martín Báez o incluso la disposición de una medida cautelar menos lesiva, el Estado argentino estaría incurriendo –una vez más- en responsabilidad internacional, cuestión que esta secretaría busca evitar de acuerdo a su competencia”.
“Cuando el Presidente de la Nación, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, se refirió a ‘detenciones arbitrarias’ lo hizo en consonancia con las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. De eso se trata.”, afirmó
El funcionario y ex legislador afirmó que si esto no es “razón suficiente para conceder la excarcelación de Martín Báez, no se puede soslayar el contexto de la emergencia carcelaria y el grave problema de sobrepoblación que afecta a los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, en gran medida a causa del exceso de las prisiones preventivas dictadas por el Poder Judicial por fuera de las normas, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos».
“Nos encontramos ante un caso concreto que resulta un ejemplo del abuso de las prisiones preventivas cuando existen medidas alternativas para evitar seguir poblando las cárceles de personas inocentes y colaborar –de este modo- a tener un sistema de ejecución de la pena acorde a los estándares internacionales. Estamos convencidos de que el cumplimiento de los derechos humanos y el cuidado de las responsabilidades internacionales del Estado argentino le incumbe a los tres poderes del Estado, y que no basta con tener leyes que describan derechos y garantías si luego no se las lleva a la práctica”, se señaló.
“Por todo lo expuesto -continúa el escrito- , solicitamos que se tengan presentes las manifestaciones aquí vertidas y se conceda al Sr. Martin Antonio Báez la excarcelación que solicita su defensa, con el fin de evitar que el Estado argentino caiga en responsabilidad internacional y fundamentalmente de respetar el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia de todo imputado, hasta que recaiga condena firme en su contra”. La decisión está en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación, a cargo de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
