En conferencia de prensa, Ariel Sujarchuk también presentó documentación judicial donde se rechazan tres denuncias impulsadas por dirigentes opositores.
La Justicia determinó que todas carecían de sustento legal.
El intendente Ariel Sujarchuk brindó una conferencia de prensa para denunciar una campaña de desprestigio orquestada por distintos espacios opositores, que utilizan información falsa basada en denuncias infundadas y causas que ya fueron archivadas o desestimadas por la Justicia, con el objetivo de difamar a los funcionarios municipales, judicializar la política y enviar mensajes confusos a la población y así afectar los altos índices de imagen positiva que alcanza el jefe comunal. Asimismo, se informó que la Justicia admitió el pedido de elevación a juicio oral en la causa que involucra a dos militantes de Cambiemos por amenazas y extorsiones al intendente y a su familia.
Durante su exposición, Sujarchuk ofreció detalles sobre tres denuncias que se presentaron en la Justicia en su contra. La primera refiere a un supuesto desvío de fondos del programa “Argentina Trabaja” del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se desempeñaba hasta 2015. Otra es por presunta falsificación de instrumentos públicos para la regularización dominial de bienes inmuebles del barrio AMAD, en Garín. Por último, hay una tercera relacionada con el convenio marco firmado entre el municipio y la empresa Consultatio por una cesión de tierras.
“Es la primera vez que recibo alguna denuncia en 15 años de carrera como funcionario público ya sea en el ámbito académico o en la gestión política. Las tres causas se iniciaron a partir de denuncias sin fundamento impulsadas por dirigentes de la oposición local contra mi persona y contra distintos funcionarios municipales de probada honestidad y vocación de trabajo. En todos los casos, las acusaciones carecían de sustento legal y por eso fueron rechazadas por la Justicia. Creemos que las diferencias políticas hay que saldarlas en el ámbito democrático y por eso no vamos a entrar en el juego que proponen algunos inescrupulosos de judicializar la política desprestigiando a otros dirigentes. Nosotros buscamos prevalecer políticamente con más gestión, más trabajo, corrigiendo los errores y haciendo las cosas bien para el pueblo de Escobar”, explicó Sujarchuk, acompañado por el secretario de Desarrollo Territorial, Carlos Ramil; la subsecretaria de Gobierno, Laura Guazzaroni; y el abogado patrocinante del intendente, Nicolás Serruya.
La causa sobre Argentina Trabaja surgió a raíz de la denuncia del senador provincial Roberto Costa, en octubre de 2015, durante la campaña electoral que tenía a su hijo Leandro como candidato a intendente por Cambiemos. Costa padre adujo que de dicho programa se habían desviado dinero y recursos que tenían como destino la campaña de Sujarchuk. Agregó a esa denuncia que el ente ejecutor contrataba a los asistentes técnicos simulando tareas que nunca serían realizadas y que los cooperativistas eran obligados a realizar la campaña bajo la amenaza de perder su empleo. El legislador, además, intentó ser querellante pero su pedido fue rechazado. Así, para poder tener acceso directo a la causa, inventó una nueva querellante llamada María Belén Moretti, a quien llamativamente nombró asesora en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Después de casi dos años de una investigación minuciosa en la que se demostró que los cooperativistas realizaban las tareas especificas del programa, que cobraban regularmente, que no eran coaccionados, que las obras estaban terminadas, y que en definitiva no había habido desvío de ningún fondo público, el Juzgado Federal de Campana sobreseyó a Sujarchuk.
La denuncia en la causa por falsificación de instrumentos públicos para la regularización dominial de bienes inmuebles en el barrio AMAD fue realizada por Fernando Humberto Iglesias, supuesto integrante de la Sociedad vinculada al complejo de viviendas ubicadas en dicho barrio y socio de la concejal de Cambiemos, Mabel Ponce. El objeto de la supuesta falsificación involucraba a escribanos, al secretario de Desarrollo Territorial, Carlos Ramil, y al propio Sujarchuk. La causa, investigada por la fiscal Mabel Amoretti, fue archivada porque insólitamente al ser citado a declarar, Iglesias explicó que la supuesta documentación falsificada no existe. Por tanto no hay ninguna prueba que acredite un delito ya que el mismo denunciante sostuvo que su denuncia tenía como objeto prevenir un futuro delito que, según admitió, hasta el momento no ocurrió.
Por su parte, la Justicia desestimó una incomprensible denuncia del asesor del Concejo Deliberante, Miguel Belaustegui, por abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Sujarchuk, el secretario de Planificación y Espacio Público, Gastón D´Aquino, concejales oficialistas y todos los funcionarios que intervinieron en los actos administrativos implicados en el expediente en el cual se tramitó el convenio marco por cesión de tierras entre el Municipio y la empresa Consultatio. El funcionario manifestó como hechos destacados que el convenio “es un escándalo” pues en él se determina la venta de tierras a diez dólares el metro cuadrado cuando los valores del mercado superan 100% ese precio. También criticó la celeridad con la que se hizo el convenio y citó como testigo al concejal Leandro Costa. En primer término la desopilante denuncia fue rechazada por la Justicia federal, pues la misma fue radicada ante un fuero que resultaba incompetente para entender en tal asunto. Remitida ya a la Justicia ordinaria, también allí fue desestimada por entenderse que no existía ningún delito.
Finalmente, Sujarchuk enfatizó que la única causa que sí avanzó en la Justicia es la vinculada con la extorsión y las amenazas que recibieron él y su familia. El hecho investigado tuvo lugar la noche del 12 de junio de 2016, cuando un usuario de Facebook, bajo el alias “Fierita”, lanzó amenazas extorsivas en la cuenta privada del jefe comunal. Alertados por la situación, funcionarios de la gestión municipal realizaron la denuncia policial y se abrió una causa bajo la carátula de “extorsión” con la intervención de la UFI descentralizada y el Juzgado de Garantías Nº 3 de Zárate y Campana.
La investigación, llevada adelante por la fiscal María Paula Gaggiotti, determinó la identidad del agresor, lo que permitió su procesamiento, allanamiento de domicilio y detención por el delito de extorsión. Se trata de Lautaro Agustín Urrutia, un joven oriundo de Garín. En el momento de la detención de Urrutia, los agentes policiales se sorprendieron por la reacción intempestiva de la madre, María Luján Jaime, quien fuera de sí y a los gritos lanzó en la vía pública fuertes insultos contra el jefe comunal. Por tal acción se la procesó por el delito de amenazas. El resultado de la investigación condujo a la orden de elevación a juicio de los militantes de Cambiemos. En el caso de Urrutia, ordenado por el juez de garantías para investigar la comisión del delito de extorsión, mientras que en el caso de la madre, por la Cámara de apelaciones en lo Penal Departamental. A partir de sus mensajes en las redes sociales, los investigadores determinaron que Urrutia y su madre son dos militantes ultrafanáticos de Cambiemos que comparten habitualmente encuentros y actividades con Leandro y Roberto Costa.
“En la vida hay límites que no se pueden pasar y realmente este tipo de amenazas y extorsiones exceden todos los límites. No lo quise hacer público en época de campaña porque no me interesa victimizarme ni tampoco seguiré hablando sobre el tema. Simplemente queríamos informarles la situación judicial del caso y contarles con toda la documentación en la mano que estas personas, militantes de Cambiemos, irán a juicio oral. Lamentamos profundamente haber llegado hasta este punto como así también que ningún referente del espacio político del senador Roberto Costa haya condenado el hecho”, finalizó Sujarchuk.
